Una mujer violada, ahora en la cárcel

En México, el aborto es legal cuando el embarazo es fruto de una violación. A pesar de ello, en los últimos cinco años apenas se han autorizado 39 casos en todo el país de los más de 130.000 casos de abuso sexual que se registran cada año.

Tal es el caso de María de Lourdes, que fue secuestrada y violada por su ex pareja, José Manuel, el pasado año. La Fiscalía del Estado detuvo al agresor al día siguiente y lo envió a prisión preventiva por considerarlo un riesgo para la sociedad.

La autorización a abortar solicitada por la víctima tardó cinco semanas en llegar. Es un ejemplo más del acceso precario de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, como denuncia en un informe el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Tras ser intervenida, María de Lourdes se retractó de las acusaciones debido a las amenazas de muerte que el agresor vertió hacia ella y su familia. Este fue el detonante para que la Fiscalía pusiera toda la atención del caso en ella y la detuviera. A partir de ese momento, iniciaron una investigación por haber abortado y por falsedad en sus declaraciones, sin tener en cuenta que “el retiro de los cargos se debía a las amenazas constantes del agresor, que la propia víctima había denunciado, sin que la autoridad dictase ninguna medida de protección para ella”, como han manifestado las organizaciones GIRE y Sí hay mujeres en Durango.

Él, en libertad

Debido a la retirada de los cargos, el Poder Judicial de Durango ordenó poner en libertad a José Manuel, mientras que la víctima cumple ya más de cuatro meses de condena.

“¿Los jueces no entienden que cuando una mujer está siendo amenazada su voluntad está viciada y puede decir cualquier cosa?”, expresaba la presidenta de Sí hay mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo.

El próximo mes de mayo se celebra la próxima audiencia en la que podría celebrarse un juicio abreviado para que salga libre.

El caso de María de Lourdes se une a muchos otros que suceden en México. Según expone GIRE, varias fiscalías estatales aseguran incluso que no tienen la competencia para emitir autorizaciones con las que se pueda abortar por violación, lo que “pone de manifiesto el desconocimiento de la normativa en materia de ILE o la falta de voluntad para emitir autorizaciones a pesar de la ley”, aseguran desde la organización.