Sanidad privará de aborto gratuito a mujeres sin papeles

El 1 de septiembre es la fecha determinada para que entre en vigor la nueva regulación por la que el Ministerio de Sanidad limitará las prestaciones a las mujeres inmigrantes sin papeles. Entre otros servicios, se les suprime el derecho al aborto de forma gratuita en las primeras 14 semanas, hasta ahora vigente en la ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.

A partir de ese momento, el colectivo de mujeres “sin papeles” pierde el derecho a ver sufragada esa intervención y deberán costear la prestación, excepto si se debe a motivos terapéuticos. El precio de un aborto en el primer trimestre de embarazo se sitúa alrededor de los 350 euros.

Las mujeres inmigrantes tendrán derecho, eso sí, a recibir prestación para interrumpir el embarazo en los casos en los que se detecten malformaciones en el feto o el embarazo resulte un peligro para la salud de la madre.

Según portavoz del Ministerio de Sanidad, cuyas declaraciones han sido recogidas por ElPaís.com, podría seguir siendo gratuito el aborto cuando el embarazo se haya producido por una violación pero no en los casos que se deban exclusivamente a la voluntad de la madre.

Colectivos en contra de estas limitaciones, como la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, consideran que retirar la gratuidad del aborto a mujeres inmigrantes sin papeles puede retrasar la práctica de la intervención, con los riesgos que conlleva cuanto más avanza el embarazo.

Desde el año 2010, cuando entró en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en el que como principal novedad se incluía la posibilidad de interrumpir el embarazo de forma voluntaria en las primeras 14 semanas, la sanidad pública quedaba obligada a costear la intervención. Hasta ahora, era el mismo derecho tanto para españolas como para extranjeras porque éstas podían tener derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita sólo por el hecho de empadronarse en España.

¿Por qué esta reducción en las prestaciones?

El Ministerio de Sanidad anunció el pasado mes de abril una reducción del gasto sanitario por el que se verían privados de la asistencia gratuita los ciudadanos sin papeles, ya que según establece la nueva normativa, sólo podrían acceder a la sanidad pública en caso de urgencia o embarazo y en algunos casos de grave enfermedad como cáncer o sida.

Con estas limitaciones, Sanidad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros tal y como anunció la ministra, Ana Mato, que también aclaró que esta medida se toma al margen de la reforma sobre la práctica del aborto que prepara el Ministerio de Justicia, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente.