Informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos

La Coordinadora Estatal de Organizaciones feministas ha realizado un estudio sobre derechos sexuales y reproductivos en varias comunidades autónomas. La conclusión principal es que estos derechos no se garantizan para todas las mujeres y que falta legislación en algunos ámbitos o recursos para aplicarlos.

La entidad se ha centrado en 6 áreas: contracepción, aborto, educación sexual, violencia sexual, reproducción asistida y sistema sanitario. El estudio aborda los servicios y recursos accesibles, la normativa en cada una de estas áreas temáticas, las prácticas sociales y qué consideración social tiene cada uno de estos derechos. La investigación se cerró en noviembre de 2016. Las conclusiones y demandas se plantearán a los grupos parlamentarios.

Interrupción voluntaria del embarazo

Las demandas en cuanto al aborto es que la reforma del PP que exige el consentimiento paterno/materno o de tutores legales para mujeres de 16 y 17 años sea retirada ya que perjudica el derecho a decidir de las jóvenes. El estudio también concluye que debe ser un servicio más, prestado dentro del sistema nacional de salud, sin estar restringido para ninguna edad, nacionalidad, estado civil o situación administrativa.

Métodos anticonceptivos

Muchas mujeres tienen que costearse sus anticonceptivos por lo que el Sistema Nacional de Salud debe garantizar que todas puedan acceder  a ellos incluyéndolos en su cartera de servicios.

Educación sexual

La Coordinadora Feminista demanda la inclusión del derecho a la Educación Sexual en el currículo obligatorio, ya que actualmente la ley educativa en vigor no lo contempla. Exige que se imparta en todos los niveles educativos, con contenidos integrales que contemplen aspectos afectivos-emocionales y fisiológicos.

Atención en salud sexual y reproductiva

El estudio pone de manifiesto la existencia de desequilibrio territorial en la atención a la salud sexual y la salud reproductiva. No sólo por comunidades autónomas, sino que inclusive no se dispensa el mismo tratamiento dentro de la misma autonomía según se resida en una u otra ciudad. Esto perjudica especialmente a mujeres de colectivos vulnerables.

Reproducción Asistida

En relación con la reproducción asistida, demandan que ésta esté garantizada para todas las mujeres dentro del sistema sanitario público. Esto significa que no se discrimine por el estado civil u orientación sexual (como había ocurrido en algunas comunidades autónomas que pedían haber tenido relaciones con varones para acceder a tratamientos de fertilidad, excluyendo a mujeres sin pareja o lesbianas).

Violencia sexual

Muchas mujeres siguen sin denunciar las violaciones y el acoso sexual. Además de la falta de recursos, la legislación es insuficiente. Así, la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, sólo incluye la violencia en el ámbito de las parejas/ exparejas, excluyendo las violencia sexual fuera de este ámbito. Deben incluirse en la cartera de servicios sanitarios centros de atención a víctimas de violencia sexual, actualizándose el protocolo de Agresiones Sexuales. También exigen que incluya la trata con fines de explotación sexual y no penalice a las mujeres que tengan una situación administrativa irregular. Para el acceso a todos los recursos no debería ser requisito imprescindible la denuncia.

Identidades no normativas

Aunque 10 comunidades autónomas ya tienen una ley que regula la situación jurídica de personas transexuales, la implementación y aplicación de estas leyes está siendo demasiado lenta. Muchos/as profesionales carecen de formación y queda en su criterio el tratamiento, pudiendo mantenerse el erróneo enfoque de la transexualidad como patología.