El Gobierno del PP necesita que el debate sobre la ley de aborto quede fuera de la campaña de las elecciones europeas

Desde que hace cuatro meses (en el mes de diciembre) se presentara la reforma de ley de aborto, se están esperando los informes preceptivos no vinculantes tanto del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, sin embargo parece que no llegan y que habrá que esperar a después de las elecciones europeas.
 
En el caso del Consejo General del Poder Judicial, ha quedado claro que el retraso se produce debido al ritmo impuesto por la mayoría conservadora. El Consejo nombro a dos ponentes (una conservadora y otra progresista) para hacer una propuesta de informe. Pilar Sepúlveda (progresista) emitió un informe muy crítico al anteproyecto de aborto hace ya semanas, mientras que la ponente conservadora (Carmen Llombart) aún no lo ha presentado, ni siquiera está previsto cuando entregará su informe.
 
Para el partido popular el tema del aborto supone una patata caliente que no quieren tocar en la campaña a las elecciones europeas debido al enorme rechazo social y político que ha provocado. Por eso el interés por parte del Gobierno ha sido meter bajo la alfombra este debate hasta después de las elecciones.
 
Esta situación contrasta con la tramitación de otras leyes como la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue aprobada hace unas semanas, siendo una ley de una enorme complejidad y sin embargo se sabe que los informes han sido ya remitidos y empezarán a estudiarse en los plenos del mes de junio, es decir, en mucho menos tiempo que la reforma de aborto, una norma  que apenas tiene una decena de artículos.
 
Esta táctica de retrasar decisiones no es nueva, de hecho aún está pendiente, desde el año 2010 (casi cuatro años después) que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP a la actual ley de aborto aprobada por Zapatero. Un retraso que sólo beneficia al PP ya que le sirve como argumento para enarbolar la inconstitucionalidad de la actual ley sin que exista pronunciamiento sobre ello.
 
El Constitucional no tiene previsto someter a debate el recurso del PP ante la aprobación de la futura reforma de aborto, por lo que la decisión está aplazada sine die. Además varios magistrados del Constitucional consideran que pronunciarse ahora supondría una “injerencia” ya que hay una reforma en marcha. Por lo tanto, si finalmente la reforma de aborto del Gobierno es aprobada y derogada la ley actual, desaparecería el objeto del litigio y el caso estaría enterrado.
 
Mientras tanto, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón sigue negando la mayor. Ayer en el senado ante la pregunta de un senador de la Entesa (Coalición catalana de izquierdas) sobre la demora de la reforma y la ironía que esto suponía para el discurso sobre la vida que dice proteger el PP. El Ministro volvió a repetir el “mantra” instaurado en el PP actualmente con el tema del aborto, “está pendiente de los órganos consultivos a los que se ha pedido opinión”.
 
Esta frase será la que oiremos de los distintos dirigentes del Partido Popular hasta que pasen las elecciones europeas y se sepa en qué posición queda el partido y , en función de esto, su disposición a insistir con una ley innecesaria que ha provocado un masivo rechazo social.