El Consejo Fiscal presenta, tras meses de retraso, su informe sobre la reforma del aborto

El Consejo Fiscal, órgano consultivo del Gobierno para la reforma de la ley de aborto, acaba de emitir su borrador de informe. Este es un informe preceptivo pero no vinculante, aunque el Ministro Gallardón ha dicho que los tendrá en cuenta.

En dicho borrador, el Consejo Fiscal avala el texto aprobado en Consejo de Ministros aunque introduce ciertos matices en determinados puntos polémicos, en algunos casos para suavizarlos y en otros para endurecerlos. El informe final, y por tanto la postura definitiva del Consejo, se conocerá tras el pleno previsto para los días 2 y 3 de Junio. Fuentes del Consejo señalan que el sector progresista votará en contra y emitirán un voto particular contrario para dejar constancia de su discrepancia.

En el informe, se reconoce que la reforma del aborto planteada “es notablemente más restrictiva” que la ley de supuestos de 1985 y se muestra a favor de la supresión del sistema de plazos de la ley de aborto actual al negar que el aborto sea un derecho de la mujer.

Algunas de las conclusiones expresadas en dicho borrador son:

•    Respecto al supuesto legal de malformación del feto: el consejo sostiene que es totalmente constitucional su supresión, aunque no se pronuncia abiertamente a favor de la misma. Afirma que es “susceptible de debate” y que la decisión de eliminar este supuesto “debe ser cuidadosamente reflexionada a la luz de la experiencia de la aplicación de las leyes anteriores y de la regulación existente en los países de nuestro entorno”.

•    Sobre la eliminación de toda pena hacia la mujer que aborte, propuesta en la reforma de aborto. El Consejo Fiscal propone sin embargo “mantener la previsión de una pena de multa a la mujer que se cause su propio aborto o consiente que otro se lo cause”. Pena de multa que está contemplada en la actual ley de aborto de 2010.

•    Sobre el cambio legal de una ley de plazos como la actual a una ley de supuestos: el Consejo Fiscal respalda el cambio del Gobierno y aboga por una ley de supuestos. Según el Consejo Fiscal este respaldo  se justifica porque la mayoría de legislaciones europeas “exigen la concurrencia de causas objetivas” para abortar. Aunque reconoce que la reforma planteada es más dura que la ley de supuestos de 1985.

•    Sobre el derecho a abortar, el informe sostiene que “ningún tratado internacional o regional reconoce el supuesto de derecho al aborto”

•    Sobre los informes médicos que deben ser presentados por la mujer. El Consejo fiscal añade que dichos informes sean emitidos exclusivamente “por médicos de la sanidad pública”.

•    En relación a la intervención de un juez ante el aborto de una menor, cuando sus representantes legales están en contra y la joven quiere abortar. El Consejo Fiscal plantea diferencias respecto al anteproyecto de ley. En el informe se pide “respetar la decisión de las menores “embarazadas de 16 y 17 años, suavizando así el texto del gobierno.

"Las embarazadas de 16 o 17 años (...) deben tener reconocida en la ley una posición determinante. La opinión discrepante de los representantes legales (...), que ciertamente deben ser oídos y participar en la toma de decisión, no debe conducir de forma necesaria a una intervención judicial dirimente", según un extracto del borrador. "En caso de discrepancia con estos (representantes legales), lo razonable es que la ley respalde plenamente la autonomía de la mujer embarazada y que no le imponga la onerosa carga de promover un incidente judicial para hacerla valer".

Este punto de la reforma es uno de los que, el sector progresista, considera especialmente polémicos ya que podrían otorgar la defensa de una menor al fiscal, cuando el propio fiscal tenga una opinión contraria a la menor que quiere abortar, así como el artículo que da entrada en el proceso judicial a “los demás interesados” de forma genérica.