Clínicas aborto sufren acoso grupos conservadores

ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo) se reunió el pasado lunes 6 de febrero con la Subdelegación del Gobierno de Albacete para denunciar el acoso que están recibiendo sus centros. Los grupos anti-elección acuden a las clínicas para increpar “indiscriminadamente” a los y las profesionales que allí trabajan y a las personas que van a informarse o a practicarse una interrupción voluntaria del embarazo.

La asociación trasladó al subdelegado de gobierno en Albacete, Aquilino Iniesta, la presión que están sufriendo para así solicitar que se tomaran medidas. También ha publicado un comunicado en el que denuncia que este tipo de acoso se está repitiendo de forma reiterada desde hace más de un año en la Clínica Iris de Albacete y en otros puntos de la Comunidad Autónoma. Denuncian las amenazas que sufren tanto el personal como las mujeres, ya que los grupos anti-elección acuden a las puertas de los centros.

Al parecer, las agresiones no se limitan sólo a la intimidación verbal, sino que se han producido “acciones violentas e intimidatorias”. Todo ello impide el correcto y normalizado funcionamiento de la prestación del servicio sanitario y coacciona el libre ejercicio del derecho al aborto y la información sobre el mismo.

Según explica la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del embarazo: “La impunidad con la que actúan los grupos fundamentalistas les anima a intensificar sus actuaciones, aumentando su frecuencia e intensidad y llevando las presiones más allá de las puertas de las clínicas”. Algunas trabajadoras han sido acosadas incluso fuera de su jornada laboral, en presencia de menores. Este fue el caso de una empleada de la clínica Iris, amenazada en un centro comercial frente a su hija, tal como posteriormente se denunció.

Por estos motivos, ACAI ha solicitado al subdelegado del gobierno que marque instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para concretar en actuaciones la petición de ayuda de las clínicas. Han exigido “tolerancia cero con los radicales” que intimidan a profesionales y usuarias frente a la clínica. Todo ello no significa que no se respete la libertad de expresión, manifestación y reunión. Se trata de controlar el acoso indiscriminado que “roza los límites del delito y en ocasiones los traspasa”, impidiendo a las mujeres ejercer su derecho a decidir y a los/as profesionales realizar su trabajo. El aborto legal está contemplado en la cartera de servicios y forma parte de la Ley de 2010 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Tal y como contempla dicha legislación, deben garantizarse las condiciones para que se realice como una prestación sanitaria más.

El Subdelegado del Gobierno, por su parte, ha aclarado que se ve limitado por el margen de maniobra que le permite la legalidad pero que intentará “frenar las acciones de estos grupos”. ACAI subraya que ya que las manifestaciones de estas personas “ultraconservadoras y fundamentalistas” muchas veces llegan a traspasar las clínicas, se requiere la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cuando sean requeridos. Su presencia puede funcionar como mecanismo disuasorio para estos lobbies de presión, independientemente de que se hayan concentrado o no más de veinte personas. También solicita que se identifique a manifestantes y que se investiguen las denuncias por daños y agresiones.